La expectativa por la
posible firma de la paz en los próximos días contrasta con las noticias de
orden público en el país, las cuales no tienen relación directa con el accionar
de las FARC, pero que muestran la persistencia del conflicto político y social
más allá de las armas de las guerrillas.
Vanesa Morales / Especial para Con Nuestra América
Agradecemos el envío a
nuestro colaborador en Buenos Aires, Rodrigo Gómez Tortosa
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| El gobierno colombiano y las FARC firmaron en La Habana un pacto para poner fin al conflicto armado. |
Entre las noticas más
destacadas está por un lado el nuevo paro campesino que dejó 3 muertos como
resultado. Este paro volvió a mostrar no sólo la crisis estructural del sector
agropecuario del país, producto de una alta concentración de la tierra y una
pésima política sectorial, sino también el accionar guerrerista de las fuerzas
del Estado frente al sano y democrático
ejercicio de protesta. No está de más recordar los 16 campesinos muertos que
dejaron los paros agrarios del 2013, sin responsables hasta la fecha.
Por otro lado las
noticias sobre el aumento de los desplazamientos internos en 2015 frente a
2014, en un contexto de cese al fuego unilateral de las FARC, debería generar reflexiones
relacionadas con la persistencia de otros grupos armados que generan
desplazamientos y que siguen operando en varios territorios del país, frente a
los cuales pareciera no existir el mismo juicio de valor y demanda de cese de
actividades y rendición, por parte de la opinión pública y especialmente los
grandes medios de comunicación. Paradójicamente aumenta el desplazamiento y la
Violencia cuando las FARC no están usando las armas.
Otra noticia
relacionada con la anterior es la polémica generada, por lo que ahora se ha
denominado Nuevos Paramilitares, BACRIM o Autodefensas. No hace más de tres
meses que el país presenció un paro armado que dejó al menos 5 muertos entre ellos civiles,
pérdidas económicas por el cese obligatorio de actividades y el terror en la
población civil ante la inoperancia del Estado para proteger la vida de sus
ciudadanos. No está de más aclarar el antagonismo entre FARC y Paramilitarismo,
es decir que la Guerrilla no es el único
actor que imprime violencia.
Una última noticia que
llama la atención es la de los hacinamientos y la crisis de salud en las
cárceles del país, situación que más allá
del debate sobre la infraestructura carcelaria, debería servir como
insumo para analizar las causas del aumento de la delincuencia, que
paradójicamente tampoco tiene una relación directa con la existencia de las
FARC, pero que también es generadora de violencia, no sólo para el que es
atacado sino también para el que ataca, pues es el único recurso que tiene
frente al desempleo y la falta de posibilidades para educarse.
A propósito de la firma
de la Paz en la Habana y al leer algunas de las noticias descritas con
anterioridad cabe preguntarse ¿Las FARC son responsables de toda la violencia
en el país? Si con las FARC o sin ellas se viven situaciones de guerra y de
violencia, ¿cómo podemos hablar de paz?
Si es verdad que desde
el Estado se quiere conseguir la paz, debería empezar por una reestructuración
interna, pues éste perdió desde que empezó la violencia el monopolio del uso de
la fuerza y no es únicamente la guerrilla la que disputa este principio que se
supone es fundamental en los Estados Modernos. Este paso debe ir acompañado
también por un cambio en la escuela de guerra, ya que si habrá paz las fuerzas
estatales deben estar preparadas para esta y no para la guerra.
Las fuerzas policiales
deben abandonar su accionar militarista y retomar el espíritu civil que supone
su existencia. Por otra parte el Estado debe estar decidido a recuperar el
monopolio de la fuerza que también es disputado por los paramilitares y la
guerrilla del ELN.
Por otra parte y como
requisito sine qua non para que la
paz no sea solo una ilusión, la práctica política debe consolidarse como un
ejercicio democrático y tolerante capaz de aceptar opiniones de todos los
tintes sin que éstos sean vistos como un peligro para el orden, pues el
mantenimiento del supuesto orden a partir de la guerra y el exterminio, solo ha
generado caos, debilitamiento de la estructura social y naturalización de la
violencia política.
El Estado debe
reconstruirse en función de cumplir sus deberes con sus ciudadanos, es decir
proteger sus derechos (de primera, segunda y tercera generación) y no violarlos
o permitir que terceros los violen. Debe modernizar su institucionalidad y reconocer
su papel en la profundización de la guerra por ejemplo en los casos de los
falsos positivos o su complicidad con el accionar paramilitar, para así avanzar
en la reconstrucción de memoria y justicia.
Falta mucho camino por
recorrer y lo más difícil por conseguir: no la dejación de las armas o el cese
al fuego como sí la decisión de hacer los esfuerzos necesarios para que por
primera vez en Colombia disfrutemos de una paz duradera, cosa que no ha
conocido la república desde su fundación.
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