Los principios
ético-políticos que cruzan la concepción y la ejecución de la política exterior
ecuatoriana, trascienden al articulado dedicado a este tópico dentro del texto
constitucional, fusionándose con los derechos emanados del Buen Vivir, los
derechos de la naturaleza, la ruptura con patrones coloniales, la creación de
políticas de corte posneoliberal, la soberanía nacional, y la inserción
estratégica en el escenario internacional.
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra
América
Desde Caracas,
Venezuela
Históricamente, la
política exterior del Ecuador se desarrolló en el tiempo a través de los
principios universalmente aceptados. Sin embargo, la misma se definió a partir
de su condición de país pequeño, convirtiéndolo en un Estado débil en el orden
internacional, en el que las agendas se tornaron vulnerables a las influencias
privadas de origen doméstico y especialmente sensible a la política exterior de
otros países, en particular de Estados Unidos que de manera similar a lo que
ocurría en otras naciones de la región intervenía directamente en los asuntos
del país, todo ello favorecido por instituciones frágiles y decisiones
gubernamentales inestables y contradictorias.
La nueva Constitución
Nacional de 2008 -en contraste con la de 1998, que trazaba un articulado escaso
y esencialmente normativo en temas relativos a la política exterior del país-
estableció que las políticas públicas debían poseer un carácter
indiscutiblemente democrático, reflejando los intereses y aspiraciones de los
más amplios sectores de la población ecuatoriana, con la intención de construir
una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la
naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el sumak kawsay. Una sociedad que
respete en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las
colectividades. Un país democrático, comprometido con la integración
latinoamericana, tal como lo planteó la Asamblea Constituyente.
Es así como los
principios ético-políticos que cruzan la concepción y la ejecución de la
política exterior, trascienden al articulado dedicado a este tópico dentro del
texto constitucional, fusionándose con los derechos emanados del Buen Vivir,
los derechos de la naturaleza, la ruptura con patrones coloniales, la creación
de políticas de corte posneoliberal, la soberanía nacional, y la inserción
estratégica del Ecuador en el escenario internacional, procurándose entonces la
integración con los países de América Latina y del Caribe y su interdependencia
con los intereses del pueblo ecuatoriano, por lo que resultaba necesario romper
con el viejo modelo y bloquear acuerdos al estilo y contenido de los tratados
de libre comercio, que limitarían la capacidad de impulsar un modelo de
economía endógena para el Buen Vivir.
Acorde con las
transformaciones políticas que vive la región en la actualidad, la Constitución
del Ecuador innova y contiene así, el conjunto de demandas e intereses que
emergieron desde la resistencia popular en contra del neoliberalismo y de otras
agendas de modernización democrática y transformación social del Estado,
persiguiendo la ruptura con el sistema político anterior y estableciendo un
nuevo pacto de convivencia para el largo plazo, que se materializa en la
Constitución de 2008. Su sustento queda claramente manifestado en la idea de
que La Revolución Ciudadana inició este camino que ahora se expresa en diversos
artículos de la nueva Constitución, en lineamientos claros para una política
exterior transformadora, que va más allá de un gobierno, a fin de lograr la
consolidación de una política exterior de Estado.
En este sentido, y
entendiendo como principios generales de la política exterior aquellos cimientos
ético-jurídicos que permiten sustentar y argumentar la gestión internacional
del Estado, y que señalan la identidad del Ecuador en el escenario
internacional a partir de los paradigmas fundacionales aprobados por el pueblo
en un referéndum que fue diseñado como instrumento que consagra la democracia
participativa, es necesario apuntar que la Carta Magna, en su artículo 416,
hace referencia a principios generales que rigen las relaciones internacionales
y por ende la Política Exterior del Ecuador, bajo la premisa de responder a los
intereses del pueblo ecuatoriano.
De los paradigmas
constitucionales emanó el Plan nacional para el Buen Vivir en el que las
estrategias diseñadas buscan continuar los cambios generados en el Plan
anterior, a fin de radicalizarlos y dar respuesta a los problemas estructurales
del Estado ecuatoriano, persiguiendo la construcción de una identidad colectiva
a través de un proyecto soberano e igualitario. En ese sentido, el Plan
2009-2013 pretende consolidar como lineamiento estratégico en materia de
política exterior los objetivos de fortalecer un orden internacional
multipolar, desarticular viejos colonialismos y robustecer alianzas
prioritarias, insertar al Ecuador estratégica y soberanamente en el mundo y
priorizar la integración latinoamericana, establecer como premisa de la
integración el ejercicio de la soberanía de forma amplia y solidaria donde cada
pueblo tenga la capacidad de auto determinarse,, privilegiar el impulso a la
integración Sur-Sur, salvaguardar la intención del Estado ecuatoriano de
reestructurar el sistema de acumulación, distribución y redistribución de las
riquezas, promover una nueva arquitectura financiera internacional, establecer
acuerdos comerciales colocando especial énfasis en la necesidad de sustituir selectivamente
las importaciones y proclamar la movilidad humana para todos los rincones del
planeta tal como establece la Carta Magna.
Acorde a estos
principios constitucionales y a los lineamientos estratégicos del Plan del Buen
Vivir, el Ecuador se ha despojado de su faceta de “país pequeño” en el contexto
internacional para asumir importantes batallas en favor de su propia soberanía
y de la de toda la región.
En esa condición el Canciller ecuatoriano Ricardo Patiño
asistirá esta semana al 68° Periodo de
Sesiones de la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de
Nueva York, donde aprovechará la ocasión para exponer sobre la contaminación
ambiental que dejó en la Amazonía ecuatoriana la transnacional petrolera
Chevron-Texaco. Esta acción se realiza después que el presidente Rafael Correa
solicitara a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que tomara acciones contra la petrolera
estadounidense a fin de detener la campaña de desprestigio que emprendió la
transnacional contra Ecuador, cuyo fundamento es “desconocer un millonario
fallo judicial por contaminación ambiental”. Con
este propósito, según Correa, Chevron ya ha gastado más de 400 millones de
dólares en una campaña contra Ecuador y ha contratado decenas de empresas de
lobistas y a unos 900 abogados.
En 2012,
Chevron fue condenada a pagar 19 mil millones de dólares, por la contaminación
generada por su filial Texaco durante los casi 30 años que operó en la Amazonía
ecuatoriana. No obstante, el fallo aún debe ser ratificado por el máximo
tribunal ecuatoriano. Desde entonces, Chevron busca que Ecuador asuma la
millonaria indemnización, con el argumento de que la petrolera estatal
ecuatoriana fue la responsable de los daños por un mal trabajo de recuperación
ambiental.
Según
informa Telesur, el Jefe de estado ecuatoriano apuntó que el daño ambiental
causado por Chevron es 85 veces peor que el derrame de British Petroleum (BP)
en el Golfo de México en 2010 y 18 veces más que el desastre ocurrido por el encallamiento del súper
tanquero Exxon Valdéz en Alaska en 2010.
Texaco
que en 2001 se fusionó con Chevron dejó
abiertas desde 1964 a 1992 una mil piscinas tóxicas en las que vertió unos 18
mil millones de galones de agua contaminada con petróleo que siguen filtrándose
en la tierra o se derraman durante la época de lluvias, además de otros 17
millones de galones que se vertieron en accidentes. Esto ha producido la contaminación de alrededor de 480 mil
hectáreas de tierras y aguas en uso de
la población local lo que ha ocasionado afectaciones a la vida silvestre y la
producción agropecuaria, además de numerosos casos de cáncer con más de mil
ciudadanos fallecidos y graves afectaciones en la piel de los residentes de
esta región.
A
pesar que para la época existían tecnologías de protección, Texaco evitó su
utilización a fin de bajar costos en la producción del crudo. Según lo que reporta
Sally Burch de la agencia Alai-amlatina, “en el momento en que Texaco
operó, la norma ecuatoriana para el volumen de hidrocarburos totales de
petróleo en el suelo y el agua, era diez
veces más blanda que la norma vigente en EE.UU., pero aun así, la contaminación
hallada en los 54 sitios (inspeccionados por la Corte de Justicia de Lago Agrio
en la amazonía ecuatoriana) fue en promedio 20 veces mayor que la norma
ecuatoriana, llegando, en algunos sitios, a un nivel hasta 900 veces mayor”.
El Presidente Correa
ha afirmado que este es "un caso emblemático que demuestra lo injusto e
inmoral del orden internacional, donde existe la supremacía total del capital,
de las transnacionales sobre los pueblos, sobre las sociedades, las
naciones". Esta situación debería obligar a una reforma del sistema
jurídico internacional a fin de que los
mismos operen bajo condiciones en la que las partes estén amparadas en la
igualdad jurídica de deberes y derechos.
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